Reflexiones en torno a la nueva ley que restringe el uso de dispositivos móviles en los colegios

La nueva ley que restringe el uso de dispositivos móviles en los establecimientos educacionales es una oportunidad para fortalecer los entornos de aprendizaje, pero también para la reflexión respecto del rol de tecnología en nuestras vidas. 

Recientemente el Congreso Nacional aprobó la una ley que regula y prohíbe el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal a partir de marzo de 2026 en todos los recintos de los establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y media del país, con algunas excepciones, y a todos los integrantes de la comunidad educativa. Es importante detenerse en algunos detalles y consideraciones que no han sido suficientemente comunicadas respecto de estos puntos: 

  • La regulación y prohibición es para dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal, lo que considera no sólo teléfonos celulares, sin que también dispositivos como tablets, relojes inteligentes, entre otros.  
  •  La regulación y prohibición es para todos los miembros de la comunidad educativa, lo que involucra a estudiantes, directivos docentes, docentes, asistentes de la educación, entre otros integrantes de los establecimientos educacionales. 
  • Los establecimientos tiene plazo hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar sus reglamentos internos, estableciendo protocolos, procedimientos, condiciones y consecuencias para su implementación.
  • En el caso de los estudiantes de enseñanza media, los reglamentos «podrán disponer espacios, horarios y actividades específicas en que la utilización de dispositivos móviles esté autorizada«, atendiendo a la autonomía progresiva de las y los alumnos. Esto debe quedar declarado y regulado en el reglamento interno del establecimiento.
  • La iniciativa busca que los establecimientos educacionales informen a toda la comunidad educativa sobre el empleo responsable y los riesgos del uso de dispositivos móviles, así como promuevan instancias formativas que promuevan su uso indebido o la comisión de delitos.  

La implementación  correcta y el impacto esperado en la implementación de esta ley, pasa por contar con orientaciones claras, apoyo técnico y espacios de formación para todos los integrantes de la comunidad educativa, pero en particular para directivos y docentes, que serán los encargados de guiar y poner límites a sus estudiantes y familias en un uso adecuado de la tecnología. 

Prohibir es contradictorio con el propósito formativo de los establecimientos. Puede que para la implementación técnica se esté preparado y no sea difícil, pero no hay lugar a dudas que se generarán tensiones, discusiones, problemas y conflictos para lo cual se requiere de formación, protocolos, tranquilidad y mucho esfuerzo y motivación. 

Lo primero será educar con el ejemplo dentro de la comunidad educativa, y que los estudiantes vean en sus educadores un modelo a seguir en relación a un uso adecuado y equilibrado de la tecnología. Lo segundo será involucrar activamente a la familia en este proceso, para que ese primer lugar formativo que es el hogar, también sea un reflejo del uso adecuado que de estas tecnologías se debe realizar, y modele una práctica balanceada y saludable en el uso de dispositivos móviles. 

El propósito de esta ley es mejorar la convivencia escolar y mejorar los aprendizajes de las y los estudiantes a través de mayor atención en clases, más diálogo, más colaboración cara a cara  y disminución de las distracciones en el aula.  Para poder conseguirlo todo el sistema educativa y cada comunidad escolar en particular, deberá reflexionar sobre los beneficios y riesgos del uso de estas tecnologías, formarse en herramientas pedagógicas para una mediación en el aula, establecer nuevas normas de convivencia y criterios comunes para su uso, de tal forma que la formación que reciban nuestros niños, niñas y jóvenes incorpore esta dimensión digital que pone la tecnología al servicio de su desarrollo integral. 

Es un desafío importante y desafiante para las comunidad educativas, porque implica cambiar prácticas que se han ido instalando de manera sistemática en nuestro quehacer cotidiano, y sin las cuales hoy parece difícil funcionar, pero la pandemia del COVID-19 nos mostró que es posible adoptar nuevas prácticas y hacer cambios por el bien de nuestros estudiantes, en ese momento adoptando tecnologías para dar continuidad al proceso educativo, hoy regulando el uso de ellas para proporcionar una educación más justa y humana. 

 

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